La decisión fue tomada en una ajustada votación y fue la conclusión de un complejo juicio en el que el tribunal alteró una jurisprudencia establecida en 2016, según la cual un condenado en segunda instancia ya podía ingresar a prisión, aún con apelaciones pendientes en otros dos tribunales superiores.
 
 
 
Pero este jueves se decidió que una pena de prisión sólo podrá ejecutarse cuando acabe todo el proceso de apelaciones, que en el caso de Lula, en la cárcel desde abril de 2018 y condenado a ocho años, aún contempla un último recurso, ya presentado y aún no juzgado en la propia Corte Suprema.
 

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A partir de ahora, las cortes deberán examinar la situación de miles de presos que se encuentran en la misma situación que el ex mandatario.
 
 
 
Entre los posibles beneficiarios hay 38 condenados de la investigación Lava Jato. No obstante, la posible liberación no lo habilitaría electoralmente, dado que un condenado en segunda instancia no puede ser candidato hasta ocho años después de cumplir la sentencia.

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