El Gobierno sufrió esta semana un revés en el pedido formal en la justicia para que las empresas de medicina prepaga retrotraigan el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, antes de que se aplicaran aumentos del 150%, porque la jueza que tenía la causa se declaró incompetente y la pasó a otro juzgado.

La jueza Mercedes Maquieira, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N°9, se declaró incompetente el martes pasado en el amparo que presentó la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), por lo que le pasó la causa al Juzgado 3 del mismo fuero, a cargo de Juan Rafael Stinco.


El argumento de la jueza fue que en ese juzgado se tramita un amparo colectivo que data del 29 de diciembre de 2023, denominado "Causa Wilson", con el fin de que se declare la inconstitucionalidad de dos artículos del DNU 70/23 que desregulan las cuotas de las prepagas.

A su vez, el juez Stinco llevó a la Corte Suprema su pulseada con un juzgado federal de San Martín porque ni él ni el otro magistrado se consideran idóneos para entender en la "Causa Wilson".

"Es un delirio jurídico. (La jueza) dice: 'vamos a mandar todo esto que está pidiendo la Superintendencia a ese juez que es el titular del juzgado 3'", expresaron fuentes aireadas del Gobierno al diario Clarín.

Lo que parecía una idea innovadora, revolucionaria y resolutiva en el DNU firmado por el presidente Javier Milei el 20 de diciembre pasado terminó por convertirse en la herramienta que permitió a las prepagas aplicar aumentos de casi 150% entre enero y abril de 2024, algo que resultó excesivo hasta para el Gobierno.

Pero mientras el Gobierno denunció la "cartelización" de las prepagas (como OSDE, Swiss Medical, Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé y Omint), la Justicia todavía no se expidió sobre el pedido hecho por particulares, que también está en el fuero comercial.

La jueza Maquieira, dijeron desde el Gobierno, "no hizo mención alguna a la medida cautelar, pero entendió que ella era incompetente porque podía provocar sentencias contradictorias. O sea, no se atrevió a decidir nada y terminó enviando la causa a otra causa en la que se pide algo totalmente distinto".

El resultado es el mismo, bajar las cuotas de las prepagas, pero Maquieira "mete al Estado dentro de una misma acción que realizan particulares contra el propio Estado. Algo nunca visto", protestaron las fuentes gubernamentales.

"La postura de la Superintendencia es, obviamente, apelar la resolución. Esto va a tener lugar el día viernes, que es el plazo máximo, y se le pedirá a la Cámara que revoque lo que decidió la jueza y dicte la medida cautelar", anticiparon.

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