Un colectivo de personalidades de la política, la Justicia, académicos, organizaciones civiles y de Derechos Humanos presentaron este lunes formalmente un pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei por mal desempeño en sus funciones y posible comisión de delitos.

La presentación se realizó a pesar de que la Comisión de Juicio Político no esté constituida en su totalidad, dado que no se sabe si su presidenta, la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Marcela Pagano, continuará al frente por las violentas presiones que recibió desde su partido lo que le provocó un pico de estrés.


El escrito de 25 páginas, que ya tiene número de expediente, fue firmada por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel; la referente de Soberanxs y exembajadora ante Venezuela y el Reino Unido, Alicia Castro; el constitucionalista Eduardo Barcesat; el exjuez Carlos Rozanski; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; el politólogo Atilio Borón; el economista Claudio Lozano; el sociólogo y periodista Jorge Elbaum; y la investigadora Dora Barrancos.

También suscribieron el juicio político contra el Presidente, la secretaria de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza, Liliana Hendel; el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo; y la ingeniera y referente del Movimiento La ciudad Somos Quienes La Habitamos, María Eva Koutsovitis.

En la presentación, solicitaron que el Congreso de la Nación investigue tanto a Javier Milei como a otros funcionarios por los posibles delitos de “instigación a la población a cometer uno o más delitos específicos; apología del delito y la incitación a cometer delitos financieros con la posible afectación a la división de poderes; la posible comisión del delito de apología del crimen”.

También reclamaron que se lo investiguen por “el delito de abandono de personas y el incumplimiento de deberes de funcionario público que tuvieron como algunas de sus consecuencias el desfinanciamiento y el desmantelamiento los recursos asignados al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre poniendo en peligro la vida y la salud de miles de personas que asisten cotidianamente a los comedores comunitarios así como también la suspensión de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (la DADSE) que implicó el desfinanciamiento de los subsidios para la adquisición de medicamentos y/o elementos de tecnología biomédica para pacientes oncológicos”.

Los firmantes aclararon que “la legitimidad de origen otorgada por el voto popular se concreta y agota al asumir el cargo”, por lo que está más que justificado este pedido de juicio político.

A su vez, advirtieron que la puesta en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 “configura, inexcusablemente, mal desempeño y amerita la necesidad de examinar las violaciones a la normativa penal que derivan de su dictado y menguada pero efectiva vigencia”.

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