El Programa Familias por la Inclusión Social, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene por objetivo fundamental promover la protección e integración social de las familias en situación de vulnerabilidad y riesgo social, desde la salud, la educación y el desarrollo de capacidades, posibilitando el ejercicio de sus derechos básicos.

Con la presencia de la subsecretaria de Trabajo de la provincia, Laura Vischi, se dieron a conocer los principales lineamientos del Programa Familias por la Inclusión Social, tendiente a un “tratamiento específico de la problemática laboral a largo plazo, con financiamiento especial y que no pierda de vista a la mujer y a los niños, poniendo el énfasis en lo atinente a salud y educación”, según especificó el subsecretario de Organización de Ingresos Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Fernández.

El mencionado funcionario destacó en la oportunidad que el Estado argentino está recuperando, con liderazgo institucional, la capacidad de intervenir en la compleja realidad social, mejorando la educación, la salud, el empleo y la equidad que demanda la cohesión del tejido social.

La carencia de oportunidades y la inequidad de las últimas décadas en la Argentina despojaron a las familias de derechos y de obligaciones. Es por ello que en la redefinición del rol que le cabe al Estado, el Gobierno Nacional ha priorizado la promoción, la presencia y el compromiso ético de las políticas públicas. Principios, todos ellos, centrales para las políticas de Estado e innegociables para el desarrollo social.

“La política social es mucho más que el producto de un voluntarismo político o de grandes planteos técnicos: es el resultado de un proyecto de inclusión social que hace eje en la persona, en los grupos sociales y fundamentalmente, en la profundidad y heterogeneidad de la pobreza en Argentina”, comentó el doctor Fernández durante el acto que tuvo lugar en la mañana de este viernes en el Salón Verde de la Casa de Gobierno.

“Superar el enfoque reduccionista de las políticas sociales implica aceptar que no existen respuestas homogéneas para realidades diferentes y que la integralidad y la articulación territorial de las políticas que ejecuta el Estado conforman una herramienta estratégica para revertir la exclusión social”, acotó.

Con esta concepción el Ministerio de Desarrollo Social desarrolla sus acciones de protección, prevención, asistencia, acompañamiento y promoción. Articula su labor con otros ministerios (Salud; Educación; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; y Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios) y con la sociedad civil, a través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y la Red Federal de Políticas Sociales, garantizando de este modo el acceso de las familias vulnerables a los planes y programas existentes en el Estado o en otros actores sociales.

Ejemplos de ello son los planes dirigidos a escuelas vulnerables, el Plan de Alfabetización, Médicos Comunitarios, los Centros Integradores Comunitarios, el Plan Nacer, el Plan Federal de Viviendas, el desarrollo de cooperativas, el Plan Familias, el Manos a la Obra y el plan de Seguridad Alimentaria, entre otros.

“La política social más contundente es la creación de empleo. Pero la integración de los excluidos demanda -además- la creación de condiciones efectivas para reducir la vulnerabilidad como la creación de recursos y capacidades necesarias para transformarlos en oportunidades de reinserción social”, mencionó el tirular de Organización de Ingresos Sociales de la Nación.

“La reformulación de los programas de ingreso sociales del año 2004 ( Decreto PEN N° 1506/04 ) le permitió al Estado agudizar la mirada sobre las necesidades específicas de quienes se encuentran bajo la línea de pobreza e implementar programas para dos realidades diferentes: las personas que tienen menores dificultades generales para encontrar un trabajo (por su situación familiar, cantidad de hijos que atender, formación, etc.) y las familias en situaciones de mayor vulnerabilidad social (por número de hijos, niveles de deserción escolar) con menores posibilidades de acceder o sostenerse mediante el empleo”, destacó.

A su vez, las diversas situaciones de empleabilidad y vulnerabilidad social de los beneficiarios del PJJHD fueron abordadas, entonces, por el Programa Seguro de Capacitación y Empleo en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Programa Familias por la Inclusión Social en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, recordó el funcionario.

En este marco, desde la provincia de Corrientes, se impulsan acciones tendientes a acompañar al Gobierno nacional a llevar adelante el concepto de que de la pobreza estructural se sale con trabajo, con un estado fuerte y con organización y planificación.

Alcance territorial

El Programa Familias viene incrementando su alcance territorial desde el año 2005: de 240.000 familias destinatarias en ese año, el Programa superó las 500.000 en 2007.

Dicho Programa ejecuta sus actividades en los Centros de Atención Local (CAL), que conforman la oficina de referencia territorial del Programa para establecer el vínculo con los destinatarios/as. Asimismo, integra sus acciones con los Centros de Referencia y los Centros Integradores Comunitarios (CIC). Actualmente, en 10 CIC funcionan Centros de Atención Local del Programa, en 47 CIC se realizaron talleres de sensibilización para el traspaso, y 27 CIC funcionarán como sede para las actividades de apoyo escolar y talleres de promoción familiar y comunitaria.

En la Provincia de Corrientes, se abarca un total de aproximadamente 18.853 destinatarios de las bondades de esta propuesta, cuyo objetivo central apunta a asegurar el ejercicio de los derechos básicos a las familias vulnerables, atendiendo el desarrollo de capacidades, la creación de mínimas condiciones de calidad de vida y el impulso a la participación comunitaria, entre otros aspectos.