Interior
21 de diciembre de 2015
Puerto Libertad: Organizadas, las familias del barrio Itatí resisten el desalojo
En el barrio Itatí de Puerto Libertad, más de 70 familias continúan trabajando organizadas, después de haber sido avasalladas, cuando máquinas topadoras de la maderera Libertad, a nombre de José Espíndola (relacionado laboralmente con el intendente renovador Luis Ferreira), y manejada por Isidoro Cardozo y Fernando Ferreira, hijo del jefe comunal- irrumpieron en las hectáreas que la empresa Arauco entregó en comodato a las familias, que desde hace más de diez años subsisten plantando productos básicos.
Hace unos días, un grupo de esas familias convocó al lugar, al diputado provincial Martín Sereno (Partido Agrario y Social), preocupadas porque durante la ausencia de los hombres, y mientras las mujeres se encontraban plantando, aparecieron tres policías con una supuesta orden del Juzgado de Instrucción, solicitando datos y sacando fotos. "Estuve con la gente del barrio, pero antes averiguamos de qué se trataba esa orden, y finalmente descubrimos que era un papel trucho que estaba firmado por el secretario de Gobierno de la Municipalidad. Es decir, que el intendente Ferreira no decae en su intención de amedrentar a las familias pobres -para que abandonen el lugar- que luchan por tener una vida digna y de trabajo", señaló Sereno.
 
Construcción de sus casas

En estos meses, después del atropello y destrucción de sus plantaciones, las familias que en principio estaban en carpas cuidando sus terrenos, construyeron sus casas, algunas de material, y otros de madera y chapas de zinc. Están cosechando choclos y porotos, y siguen plantando y cuidando los bananales, los zapallares y las mandiocas. Cercaron todo el perímetro del barrio con alambres y están muy organizados resistiendo las amenazas de desalojo.

En cuanto a la situación judicial, el legislador explicó que también les preocupa ese tema porque "la causa no fue caratulada como denuncias penales, sino que las enmarcaron en una figura de conciliación para que la causa penal no recaiga contra el intendente Ferreira. Desde el mismo Jugado alegan que hay que ir a una instancia conciliatoria, y las familias tienen pensado entre lunes y martes iniciar junto al abogado que los patrocina, Gustavo Bossio, una demanda civil y comercial por los daños a sus plantaciones que estiman en más de 150 mil pesos".

Es muy bueno verlos organizados, y que no bajan los brazos; "pero les preocupa lo que suceda porque ahora cambió la composición del Concejo Deliberante, quedaron cuatro renovadores y un radical que ya se pasó a las filas del FR", indicó Martín Sereno.
 
Esta situación no amerita una mediación

El abogado Gustavo Bossio, consideró que la situación judicial es "un tanto anómala porque -amén de la situación y de todos los destrozos que sufrieron las familias; el fiscal decidió por sí mismo desviar la acción judicial y pasarla a una instancia de negociación voluntaria. Si bien se instauró en el Poder Judicial de Misiones una instancia de mediación: no se puede determinar por sí mismo, sólo porque apareció una fotocopia del comodato de la empresa -cuando cede las tierras a las familias para que puedan subsistir-, y la Fiscalía decidió que esa era una cuestión menor y que debía resolverlo en una instancia de mediación".

Bossio destacó que valora la instancia de mediación del Poder Judicial; "pero creo que hay situaciones que no ameritan mediación como es este caso puntual. Lamentablemente en el norte de la provincia se viven situaciones muy complicadas con gran desmanejo del poder, y acá no estamos hablando solamente de un daño -como está tipificado en el Código Penal-, sino también una usurpación a la propiedad y una posible falsedad ideológica de un instrumento público", agregó.
 
Somos un grupo de familia que nos sujetamos unos a otros

Por su parte Juan Pablo Britez, uno de los damnificados, recordó que desde 2003 que cultivan en esas tierras. "Tenemos empleo con toda la familia plantando y de eso viven nuestros hijos, hermanos, la familia entera. Conformamos un grupo que nos sujetamos unos a otros. A veces no hay plata para comprar el pan, y comemos mandioca, o porotos. Nuestra familia sobrevive de eso desde 2003", indicó.
Lamentó que hayan sufrido ese atropello, "el intendente no nos avisó nada, y de un día para otro nos encontramos con la máquina sobre nuestras plantaciones, abriendo calles y cuando nos dimos cuenta, la destrucción estaba hecha".

Britez explicó que la empresa Arauco les dio un comodato, una autorización en un documento por escrito en el 2010, para que siguieran cultivando, "la gente de Arauco controlaba cada tanto y después no se presentó más en el lugar. Hasta que vino la política del intendente Luis Ferreira, quien quiso subdividir las tierras que históricamente pertenecían a Alto Paraná, que después se desmembró y ahora son de Arauco. Fueron sus representantes quienes nos dieron en comodato para cultivar; pero durante la campaña, Ferreira empezó a entregar papeles a la gente prometiéndole terrenos como si fueran del municipio, a parejas jóvenes que vivían con sus padres, y claro, después quisieron avanzar y tomar los terrenos. Por eso junto a nuestras familias, nos plantamos y armamos carpa y nos quedamos ahí con el lamentable conflicto entre vecinos. Nos peleamos pobres contra pobres, gente que también fue engañada en su buena voluntad", se quejó Britez.
 
Viviendas para familias que no viven en Libertad

Hace unos días, uno de los jefes de familia del barrio, Luciano Bóveda, fue despedido de la empresa Carlos Enríquez S.A, junto a otros muchos. Eran más de 70 trabajadores y quedaron sólo 20 en la obra. "Quisieron despedirlos sin aviso previo; pero ellos se negaron a firmar, y exigieron la liquidación correspondiente. Son trabajadores que estaban construyendo el barrio Cien Viviendas en Puerto Libertad dentro del Plan Más Cerca. Otra cosa paradójica y desigual, porque de ese total, sólo tres o cuatro familias de la localidad tendrán sus casas; la mayoría es para gente de Puerto Iguazú, de Wanda y de Puerto Esperanza. O sea que un barrio de cien viviendas en Libertad donde hay grandes falencias habitacionales y de tierras, y el 90 por ciento es para familias que no viven en Libertad", cuestionó el diputado del PAyS.

El argumento es que no cumplen los requisitos como tener recibos de trabajo en blanco, y el mínimo salarial de ocho a diez mil pesos, "y es bien sabido que esas familias no pueden pagar las cuotas de 1300 pesos, o sea que el Estado construye en Libertad que tiene una enorme necesidad, viviendas para personas de Iguazú que son casi todas comerciantes y cuentan con otros recursos para tener sus casas", reclamó Sereno.
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