Nacionales
21 de abril de 2017
Piden que el Gobierno diga si negocia con Báez el arresto domiciliario
El juez federal Sebastián Casanello envió un oficio a Garavano por la causa del empresario patagónico. Busca determinar si funcionarios de su cartera negocian a cambios de beneficios en su detención.
El juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la causa denominada "ruta del dinero K", le pidió al Gobierno que informe si existe algún tipo de negociación con el detenido Lázaro Báez.
 
 
 
En tanto, surgieron rumores sobre un inminente traslado de Báez a Río Gallegos para visitar a su madre gravemente enferma, luego de un permiso que había solicitado y que le fue concedido el 17 de marzo.
 
 
 
Sin embargo depende de un informe del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y de las condiciones de seguridad para poder aplicarlo, tras lo cual el juez debe dar la autorización.
 
 
 
Tanto fuentes judiciales y penitenciarias como allegados a Báez negaron a DyN que ese traslado haya sido dispuesto.
 
 
 
En tanto, Casanello envió un oficio al Ministerio de Justicia a raíz de la publicación en el diario La Nación titulada "Lázaro Báez negocia aportar datos a cambio de un arresto domiciliario".
 
 
 
El artículo dice que Báez "negocia con representantes del Gobierno para brindar información acerca de la causa de lavado de dinero que lo mantiene preso, a cambio de obtener un arresto domiciliario, según dijeron altas fuentes oficiales".
 
 
 
Fuentes de la defensa de Báez negaron que haya algún tipo de negociación.
 
 
 
La fiscalía de Guillermo Marijuan también hizo saber oficialmente que no hay ningún acercamiento.
 
 
 
En el oficio al que accedió esta agencia Casanello sostuvo que la ley llamada del "arrepentido" prevé "que el acuerdo de colaboración debe ser celebrado entre el fiscal y el imputado y posteriormente sometido al examen del juez para su eventual homologación".
 
 
 
Y "el Poder Ejecutivo no interviene en modo alguno en ningún tramo de la negociación del acuerdo de colaboración, a excepción de las cuestiones vinculadas a la necesidad de garantizar la seguridad" del 'arrepentido'.
 
 
 
Casanello resaltó que "la obligación del juez" es "velar por el estricto cumplimiento de las garantías constitucionales" y la "regularidad del proceso, pues todo acto declarado nulo acarrea inevitablemente un notable retroceso en la investigación y un riesgo para su desenlace exitoso".
 
 
 
"Por ello, habrá de librarse oficio al titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (órgano integrante del Poder Ejecutivo Nacional -art. 109 de la Constitución Nacional-) a fin de solicitarle que informe, en forma urgente, si funcionarios a su cargo efectivamente se encuentran 'negociando' en los términos mencionados en la nota periodística aludida, y en su caso, si su actividad fue informada al Sr. Fiscal, quien por ley es el encargado de llevar adelante los acuerdos", añadió.  
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