Locales
05 de octubre de 2020
Legislación General inicia el estudio de proyectos del Poder Ejecutivo para reforzar el sistema de justicia
Se trata de tres proyectos remitidos por el gobernador Jorge Capitanich que propicia por un lado una ampliación de los juicios por jurado para alcanzar procesos civiles y comerciales; un proyecto de reforma integral de la ley de mediación, y la creación de una Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, los que fueron girados para su tratamiento a la comisión de Legislación General, Justicia y Seguridad y que hoy al ingresar en la cartera, como primer paso, las y los legisladores consideraron pedir opinión a diversos organismos para iniciar el análisis y estudio de cada iniciativa en particular.
El proyecto de ley 1463/2020 que propicia la ampliación de materia en Juicios por Jurados en casos Civiles y Comerciales, considerando que será beneficioso al sistema judicial, aplicándose de manera gradual como servicio a los litigantes ya que a su vez garantizará plenamente uno de los principios fundamentales del derecho procesal moderno: la solución justa, rápida y económica de todo procedi-miento, en juicio público, oral, adversarial y ante todo, con participación ciudadana.
 
 
El proyecto 1461/2020, busca la reforma integral de la legislación en materia de Mediación, Capitanich indicó que la misma se gestó  “considerando que será beneficioso para la desmonopolización de la Justicia en materia de resolución de conflictos y que a su vez garantizará plenamente  los principios fundamentales de la mediación como mecanismo alternativo de resolución de conflictos: voluntariedad, imparcialidad, confidencialidad, inmediación, comunicación directa entre las partes, celeridad del trámi-te”.
 
La iniciativa legislativa 1462/2020 por la  que impulsa la creación la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chaco, con la cual se propiciará la capacitación de funcionarios de la judicatura.
 
Por Escuela Judicial debe entenderse un conjunto integrado de medios, herramientas, personas y objetivos dirigidos a una formación con un nivel de exigencia sumamente elevado para quienes ejer-zan la función judicial, así como a los aspirantes a ingresar a ella, permitiendo un mejor conocimiento de las instituciones, consolidando conocimientos jurídicos y técnicos, recabando y compilando buenas prácticas profesionales desarrolladas en las diferentes jurisdicciones.
 
 
La presidenta de la Comisión, Nadia García Amud, destacó el ingreso de las iniciativas explicando: “se trata de tres proyectos del Poder Ejecutivo, sumamente productivos y que traerán muchos avances en la justicia provincial y explicó que la comisión avanzó en los pedidos de opinión a los organismos y entidades correspondientes para su tratamiento”.
 
Por otra parte, García Amud adelantó el despacho favorable de la bancada oficialista para otra iniciativa del Ejecutivo que, de ser sancionada en el Recinto, reglamentaría la actividad rentada de personas condenadas privadas de su libertad para mejorar su reinserción en la sociedad.
 
Al remitir la propuesta legislativa, el gobernador argumentó “contar con una educación y capacidad financiera es una de las tantas necesidades a abordar por el tratamiento penitenciario. La finalidad del tratamiento es la de preparar a las personas en todas las competencias que son imprescindibles para la vida social”.
 
“Las medidas que pueden tomarse para lograr la auto-sustentabilidad pueden hacer una contribución directa o indirecta a la persona del detenido. Algunas medidas que han sido estudiadas están dirigidas a estimular de manera directa la auto-suficiencia. Otras medidas, de manera indirecta, buscan crear un ámbito o circunstancias en las que se desarrolle con mayor facilidad el comportamiento auto-suficiente”.
 
Explicó además “Todas las personas privadas de su libertad que trabajan en establecimientos de detención tienen derecho al cobro de una remuneración, denominada usualmente peculio, independientemente de su calidad de procesado o condenado. Ese peculio es administrado por la propia penitenciaría y es aplicado, al pago de la indemnización de los daños y perjuicios causados por el ilícito penal cometido por el condenado, cuando no se han abonado con otros recursos; a atender las necesidades de la familia del condenado; a la formación de un fondo que se entrega al recluso cuando recobra su libertad”.
 
“Conjuntamente con la auto-suficiencia encontramos que el fondo de reserva cumple un rol fundamental a la hora de reducir la reincidencia. La suma que se genera en ese concepto tiende a generar una independencia económica que va entre los tres y seis meses, periodo que coincide con el lapso en que existen altas probabilidades de que la persona vuelva a cometer un delito” indica el primer mandatario provincial.
 
Por su parte la diputada Nadia García Amud se refirió también a un despacho unánime para un proyecto de autoría del diputado Bergia, donde se propicia la modificación de la ley que crea el “Registro de Bienes Secuestrados, Bienes en Depósito Judicial y Bienes Decomisados”, al cual se suma otra iniciativa similar de autoría de la presidenta de la comisión. “En lo personal muy contenta de que se haya podido incorporar esta iniciativa que lo que plantea es digitalizar ese registro, para que justamente, cuando sucede por ejemplo un secuestro de una moto, se pueda acceder al registro a través de una plataforma que publique las fotos y los datos” señaló, y acotó: “sin duda alguna estas son ideas en las que la pandemia nos ha hecho incursionar y estaremos esperando aprobarlo pronto”.
 
Además de la diputada Amud, estuvieron presentes en la reunión los diputados Juan José Bergia, Gladis Cristaldo, Carmen Delgado, Clara Pérez Otazú, Nicolás Slimel, Teresa Cubells, Jéssica Ayala, Gustavo Corradi, y Livio Gutiérrez.
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